La patronal reclama cambios en las propuestas legislativas sobre ciberseguridad y redes digitales por su posible efecto sobre operadores alternativos y despliegues de conectividad.
La Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones (AOTEC) ha trasladado a las instituciones comunitarias sus objeciones a dos de las principales iniciativas regulatorias que prepara actualmente la Unión Europea en materia digital: la futura Ley de Ciberseguridad II (CSA II) y el Reglamento de Redes Digitales (DNA). La organización considera que, en su redacción actual, ambas normas podrían generar distorsiones competitivas, elevar la inseguridad jurídica y limitar las inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones.
Uno de los principales focos de preocupación se sitúa en la futura CSA II, normativa con la que Bruselas pretende reforzar la protección de las infraestructuras críticas europeas. AOTEC comparte el objetivo de incrementar la resiliencia de las redes, pero cuestiona el mecanismo planteado para ello. Según explica la asociación, el borrador introduce criterios vinculados al país de origen de los proveedores para determinar posibles restricciones, en lugar de basarse exclusivamente en análisis técnicos y verificables sobre los riesgos concretos de cada tecnología o servicio.
La asociación advierte de que este planteamiento puede tener un impacto especialmente sensible en mercados como el español, donde el cierre de la red de cobre culminado en 2025 ha consolidado un modelo altamente desarrollado de fibra óptica hasta el hogar. AOTEC atribuye este avance a un ecosistema competitivo en el que operadores independientes y grandes suministradores internacionales han podido competir bajo condiciones equivalentes.
Además, la organización muestra su rechazo a la posibilidad de imponer sustituciones obligatorias de equipamiento ya desplegado, una medida que, a su juicio, afectaría especialmente a operadores de menor tamaño por el elevado coste económico que supondría asumir esos cambios tecnológicos. También cuestiona aspectos relacionados con la proporcionalidad de la norma, la invasión de competencias nacionales y el posible carácter retroactivo de determinadas medidas.
Entre las modificaciones propuestas, AOTEC solicita que las decisiones vinculadas a la seguridad nacional sigan siendo competencia de los Estados miembros; que cualquier restricción se fundamente únicamente en evaluaciones objetivas y transparentes; que desaparezcan del artículo 100 las referencias genéricas a “países de riesgo”; y que no se obligue a modificar infraestructuras ya operativas sin establecer mecanismos de compensación económica.
Respecto al Reglamento de Redes Digitales (DNA), la asociación pone el foco en el modelo de gestión del espectro radioeléctrico previsto en el texto comunitario. En concreto, plantea que los operadores que concentren frecuencias estratégicas y exclusivas estén obligados a facilitar acceso mayorista a terceros para evitar situaciones de desequilibrio competitivo en un mercado cada vez más concentrado. Asimismo, considera que, en estos supuestos, debería presumirse que dichos operadores poseen una posición significativa en los mercados asociados a ese espectro.
AOTEC también rechaza la posibilidad de conceder derechos de uso del espectro de forma indefinida o mediante renovaciones automáticas. A su entender, al tratarse de un recurso público limitado, la asignación de frecuencias debe supeditarse a plazos concretos, obligaciones definidas e inversiones demostrables.
Más allá de las cuestiones técnicas, la patronal interpreta este debate regulatorio como un reflejo de la tensión existente en la estrategia digital europea entre el fortalecimiento de la autonomía tecnológica y la necesidad de mantener un mercado competitivo y diverso.
En este contexto, AOTEC sostiene que una regulación diseñada para reforzar la seguridad de las redes podría terminar favoreciendo una mayor concentración del sector y debilitando precisamente a los operadores locales, alternativos y neutros que han desempeñado un papel decisivo en la extensión de redes de alta capacidad en áreas rurales y de baja densidad de población en Europa.
