La asociación ACUTELAN ha solicitado formalmente a la CNMC la apertura de una investigación sobre determinadas ofertas comerciales de DIGI ante la existencia de indicios de posibles prácticas de precios predatorios.
Según la organización, algunas tarifas podrían situarse en niveles económicamente no replicables para un operador igualmente eficiente, lo que estaría generando un impacto directo tanto en la competencia como en la sostenibilidad del sector.
Durante un desayuno informativo celebrado recientemente, el presidente de ACUTELAN, Juan Antonio Rodríguez, advirtió de una “degradación del sector en cuanto a los márgenes”, señalando que operadores como DIGI están operando “a precios irrisorios” que marcan una referencia difícil de seguir para el resto del mercado.
“Digi tiene unos precios predatorios. El precio expectativa lo marca el más bajo y los demás tenemos que adaptarnos. Pero es que, siendo responsables, no lo podemos hacer”, afirmó Rodríguez, quien sostuvo que estas estrategias podrían tener como objetivo la expulsión de competidores. En este sentido, apuntó a la necesidad de analizar “cómo ha llegado a esos precios, cuando están por debajo de sus costes variables”.
ACUTELAN ha pedido al regulador que abra un expediente formal para analizar si las ofertas de DIGI cubren sus costes evitables y variables, así como la posible adopción de medidas cautelares si se detecta riesgo de daño competitivo irreversible.
Por su parte, el director general de la asociación, José Manuel Muñiz, aseguró que la organización ha analizado las cuentas públicas de la compañía y concluye que “sus números no son los de una empresa sostenible”. Además, explicó que se han elaborado tres informes técnicos con el objetivo de proporcionar a las autoridades una base sólida para la investigación, más allá de la preocupación general del sector.
Desde ACUTELAN también se ha solicitado que la CNMC investigue aspectos adicionales como contratos y condiciones que no son públicos, al considerar que podrían ser relevantes para evaluar el comportamiento competitivo del operador.
La iniciativa, subrayan, no cuestiona los precios bajos en sí mismos, sino aquellas estrategias que, de confirmarse, implicarían la comercialización por debajo de costes. La denuncia se apoya, entre otros elementos, en la doctrina AKZO, que establece que la venta por debajo de determinados umbrales puede constituir una práctica predatoria al presumirse su capacidad para expulsar competidores del mercado.
Rodríguez advirtió además de que, si no se actúa, los primeros afectados serán los operadores locales: “A los grandes operadores les va a afectar más en cuanto a pérdida de clientes, pero los operadores pequeños serán los primeros en caer si no se hace nada”. En paralelo, alertó de que la presión sobre los márgenes está frenando inversiones, especialmente en entornos rurales, donde los operadores locales desempeñan un papel clave en la extensión de la conectividad.
En esta línea, recordó el precedente de Rumanía, país de origen de DIGI, donde —según indicó— el número de operadores se redujo a la mitad tras la entrada de la compañía, y advirtió de que España, pese a ser actualmente un referente en competitividad, podría evolucionar hacia un escenario similar.
Por su parte, la asesora jurídica de ACUTELAN, Marta Gasalla, subrayó que la cuestión trasciende a la propia asociación: “No es solo una cuestión de nuestra asociación, es de interés general de todo el sector”, afirmó, destacando que este tipo de prácticas puede afectar tanto a la calidad del servicio como a la diversidad de la oferta disponible para el consumidor.
Desde ACUTELAN insisten en que el caso plantea un debate estructural sobre el futuro del mercado de las telecomunicaciones, alertando del riesgo de que la competencia evolucione hacia un modelo basado en la capacidad financiera para sostener pérdidas, en lugar de en la eficiencia. A medio plazo, advierten, esto podría traducirse en menor inversión, menos innovación y una reducción de la diversidad competitiva.
