El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el futuro Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales obligará a los operadores a mantener la cobertura móvil durante cuatro horas para el 75% de la población en caso de una caída del suministro eléctrico.
La medida, anunciada durante el encuentro DigitalES Summit, se implantará de forma progresiva una vez entre en vigor la norma, cuya aprobación está prevista antes de finales de 2026. El calendario contempla que la nueva obligación alcance al 50% de la población durante el primer año, al 65% en el segundo y al 75% en el tercero, con el objetivo de facilitar el esfuerzo inversor que deberán realizar los operadores para adaptar sus infraestructuras.
Para cumplir este requisito, las compañías deberán incorporar sistemas de respaldo, entre ellos baterías capaces de mantener operativas las antenas de telecomunicaciones durante al menos cuatro horas en caso de apagón.
El futuro real decreto también establecerá distintos niveles de exigencia para las infraestructuras críticas del sector. Así, las instalaciones de nivel intermedio, como determinados centros de gestión cuya interrupción podría afectar a varias comunidades autónomas, deberán garantizar su funcionamiento durante un mínimo de doce horas sin suministro eléctrico. Por su parte, las instalaciones esenciales de primer nivel, entre ellas los centros de control de las redes, deberán permanecer operativas durante al menos veinticuatro horas.
Otro de los ejes de la normativa será el refuerzo de la continuidad de las comunicaciones de emergencia. En este sentido, los operadores que prestan conectividad a los centros 112 deberán elaborar Planes de Seguridad y Resiliencia e implantar mecanismos de redundancia que permitan mantener las comunicaciones mediante canales alternativos, tanto a través de diferentes operadores como combinando redes móviles y fijas.
Las obligaciones previstas en el real decreto se aplicarán, entre otros, a los operadores de telecomunicaciones y a las empresas que gestionan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos o puntos de intercambio de internet que superen determinados umbrales de usuarios o facturación. También afectarán a los operadores designados como críticos o que presten servicios de emergencia, mientras que quedarán excluidas las redes vinculadas a la Seguridad Nacional y la Defensa.
Durante su intervención en DigitalES Summit, Óscar López señaló que estas medidas forman parte de la estrategia de digitalización impulsada por el Gobierno y reiteró que el Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales continuará su tramitación con el objetivo de quedar aprobado antes de finalizar el año.
